Y JUSTO AYER ME ELIMINAN MIS BLOG´S: "EL NUEVO VIRIATO", "AMARAJESUS", EL BLOG DE ANTONIO B." Y "SEGUROS AGPM DELEGADO CARTAGENA". VIVA LA DEMOCRACIA ALIBERTINAJEADA! VIVA LA DICTADURA DE LA CULTURA Y CIUDADANIA DEL PSOE!
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por Alberto Ballestin


El nuevo texto, aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y CiU y la oposición de PNV, ERC, ICV-IU, BNG, UPyD y CC, incorpora varias modificaciones para satisfacer a sus ahora convertidos valedores. Lo más reseñable es la necesidad de que un juez apruebe la petición de los datos de los supuestos infractores de los derechos de autor a sus proveedores de servicios (las empresas de hosting). Además, se establece un plazo de 48 horas para que los proveedores retiren los archivos "nocivos" o presenten alegaciones, periodo tras el cual pasarán un periodo de observación de ocho días; pasado este plazo, se presentará un informe que después será valorado por una comisión para su exposición al juez correspondiente.
Lo parte más importante de esta ley que no es tal (porque en realidad se trata de un conjunto de cambios sobre leyes ya existentes) es que obligará a la justicia a tomar la decisión sobre el cierre de páginas webs en un plazo máximo de cuatro días (dos para convocar a los afectados y otros dos para dirimir el caso), basándose en las exposiciones de una comisión nombrada por el Ministro de Cultura. El texto prevé la desconexión de sitios en caso de que el prestador de servicios "actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Con esta medida ambigüedad, el Ministerio de Cultura intenta saltarse las trabas que las organizaciones de derechos de autor han encontrado en su lucha contra la descarga de archivos; dado que no es ilegal compartir contenidos protegidos sin ánimo de lucro, ahora basta con que dichos links sean "susceptibles de causar un daño patrimonial".
Las reacciones a la Ley Sinde ya son visibles. La Asociación de Internautas ha anunciado que recurrirá el texto por inconstitucional, mientras que a pie de calle (¿línea?) se está engendrando un movimiento de repulsa y castigo electoral contra los principales partidos políticos. La ley ha sido aprobada, pero Sinde todavía no puede cantar victoria.
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