NUEVA YORK, 8 de octubre de 2010 (C-FAM) Una de las principales organizaciones de derechos humanos intensificó la semana pasada su promoción del aborto y apuntó a Latinoamérica, especialmente a Nicaragua.
Amnistía Internacional exigió que los gobiernos despenalizaran el aborto inmediatamente en una declaración publicada el 28 de septiembre, en coincidencia con el «Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe».
La organización de derechos humanos se refirió concretamente a Chile, El Salvador y Nicaragua al decir que es «vergonzoso» que estos países tengan leyes que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia.
Amnistía Internacional, que alguna vez fue neutral respecto del aborto – fue fundada por un católico converso en 1961 –, ahora surge como un ruidoso proponente de dicha práctica. Recibió una donación de un millón de dólares en 2009 por parte de la Fundación Ford, la cual promueve el control de la población desde hace muchos años y subvenciona a las organizaciones que promueven el aborto y la anticoncepción en los países en desarrollo.
En su publicación de la semana pasada, Amnistía reservó sus críticas más duras para Nicaragua. Dijo que ese país «retrocedió», porque recientemente penalizó el aborto bajo cualquier circunstancia. La organización de derechos humanos y sus socios nicaragüenses enviaron 37 000 firmas al presidente Daniel Ortega para exigir que derogue las leyes de su país que penalizan el aborto.
La publicación de Amnistía Internacional parece haber sido pensada para generar gran preocupación al decir que la prohibición del aborto fomenta el suicidio y el aborto autoprovocado. Asimismo, afirma que, en los países donde el aborto es delito, «si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo».
La declaración elogia a Cuba, que despenalizó el aborto hace varias décadas, y también a Ciudad de México, que hizo lo mismo en 2007.
Según el documento publicado, los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos exigen la despenalización del aborto en todos los países de América latina y el Caribe. Sin embargo, no existe el derecho al aborto en ningún tratado de la ONU de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua, en su lugar, consagra expresamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Amnistía Internacional apuntó en otra oportunidad a las leyes nicaragüenses que protegen la vida. El año pasado adujo que las leyes de ese país latinoamericano dan lugar a la tortura o, al menos, al trato cruel, inhumano y degradante, y que, por lo consiguiente, violan la Convención de la ONU contra la Tortura.
El año pasado, la Fundación Ford destinó su millonaria donación a la Campaña Global de Amnistía Internacional por la Dignidad Humana. Ésta se propone considerar las «consecuencias que tiene la negación de la dignidad humana sobre la salud y los hogares de las personas».
El folleto de promoción de la campaña por la dignidad mundial se centra en la mortalidad materna, el VIH/SIDA y los derechos humanos. En él se dice que las muertes maternas son causadas por los abortos practicados en condiciones inseguras y que quienes viven en la pobreza carecen del debido acceso a la educación sexual y otros «servicios de salud esenciales», lo cual «les priva del derecho a controlar sus vidas reproductivas».
La campaña intenta promover un «programa mundial de captación de apoyos y de activismo». No obstante, Amnistía afirma su independencia frente a cualquier «gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso».
Hace muy poco, en 2005, Amnistía declaraba públicamente: «No hay un derecho al aborto generalmente aceptado en la legislación internacional sobre derechos humanos». Su cambio de postura en 2007 hacia la militancia abortista llevó a que muchos líderes e instituciones católicas retiraran su apoyo a la organización.
Amnistía Internacional exigió que los gobiernos despenalizaran el aborto inmediatamente en una declaración publicada el 28 de septiembre, en coincidencia con el «Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe».
La organización de derechos humanos se refirió concretamente a Chile, El Salvador y Nicaragua al decir que es «vergonzoso» que estos países tengan leyes que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia.
Amnistía Internacional, que alguna vez fue neutral respecto del aborto – fue fundada por un católico converso en 1961 –, ahora surge como un ruidoso proponente de dicha práctica. Recibió una donación de un millón de dólares en 2009 por parte de la Fundación Ford, la cual promueve el control de la población desde hace muchos años y subvenciona a las organizaciones que promueven el aborto y la anticoncepción en los países en desarrollo.
En su publicación de la semana pasada, Amnistía reservó sus críticas más duras para Nicaragua. Dijo que ese país «retrocedió», porque recientemente penalizó el aborto bajo cualquier circunstancia. La organización de derechos humanos y sus socios nicaragüenses enviaron 37 000 firmas al presidente Daniel Ortega para exigir que derogue las leyes de su país que penalizan el aborto.
La publicación de Amnistía Internacional parece haber sido pensada para generar gran preocupación al decir que la prohibición del aborto fomenta el suicidio y el aborto autoprovocado. Asimismo, afirma que, en los países donde el aborto es delito, «si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo».
La declaración elogia a Cuba, que despenalizó el aborto hace varias décadas, y también a Ciudad de México, que hizo lo mismo en 2007.
Según el documento publicado, los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos exigen la despenalización del aborto en todos los países de América latina y el Caribe. Sin embargo, no existe el derecho al aborto en ningún tratado de la ONU de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua, en su lugar, consagra expresamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Amnistía Internacional apuntó en otra oportunidad a las leyes nicaragüenses que protegen la vida. El año pasado adujo que las leyes de ese país latinoamericano dan lugar a la tortura o, al menos, al trato cruel, inhumano y degradante, y que, por lo consiguiente, violan la Convención de la ONU contra la Tortura.
El año pasado, la Fundación Ford destinó su millonaria donación a la Campaña Global de Amnistía Internacional por la Dignidad Humana. Ésta se propone considerar las «consecuencias que tiene la negación de la dignidad humana sobre la salud y los hogares de las personas».
El folleto de promoción de la campaña por la dignidad mundial se centra en la mortalidad materna, el VIH/SIDA y los derechos humanos. En él se dice que las muertes maternas son causadas por los abortos practicados en condiciones inseguras y que quienes viven en la pobreza carecen del debido acceso a la educación sexual y otros «servicios de salud esenciales», lo cual «les priva del derecho a controlar sus vidas reproductivas».
La campaña intenta promover un «programa mundial de captación de apoyos y de activismo». No obstante, Amnistía afirma su independencia frente a cualquier «gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso».
Hace muy poco, en 2005, Amnistía declaraba públicamente: «No hay un derecho al aborto generalmente aceptado en la legislación internacional sobre derechos humanos». Su cambio de postura en 2007 hacia la militancia abortista llevó a que muchos líderes e instituciones católicas retiraran su apoyo a la organización.
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