Habrás visto lo revueltos que andan los funcionarios de la Junta de Andalucía
y te preguntarás por qué.
¡Y seguro que has oído que protestan por la reducción de sus sueldos o algo
similar!. Pues nada más lejos de la realidad.
Te cuento de forma resumida:
Resulta que el gobierno socialista de Griñán ha aprobado una ley por un
procedimiento de urgencia que reestructura la administración andaluza. Esta
ley se debería de haber negociado con los agentes sociales andaluces
(sindicatos y demás) pero esto no se ha hecho. Para su aprobación se excusa
en criterios de eficacia y ahorro en la administración (lo cual es totalmente
falso), pero su origen es otro: “EL MIEDO” que se ha instalado en el
gobierno andaluz ante las encuestas que predicen que perderá las próximas
elecciones locales y autonómicas, y su consecuencia política, que no es otra
que la de encontrarse con cientos (miles) de cargos, alcaldes, concejales,
diputados provinciales, directores, consejeros, asesores, jefes, afiliados
del partido, “amiguitos”, etc. que se verán en la calle sin poder mantener el
nivel de vida que llevan hasta ahora y que tienen gracias a todos los
impuestos que pagamos los ciudadanos. Así que han pensado en transformar la
administración pública andaluza en una empresa privada, una cortijada en la
que pueden mangonear a sus anchas sin pasar los controles administrativos,
económicos y financieros a los que están sometidas todas las administraciones
públicas. De esta forma pueden emplear mediante contratos laborales
indefinidos a todos aquellos que se quedarán fuera en las próximas elecciones
y mantener a los que ya están dentro de las empresas, institutos, organismos
y otros entes públicos que hoy existen y al que han entrado “POR ENCHUFE” o
ser "AMIGOS O FAMILIARES DE...". Así, acceder a un trabajo público va a estar
reservado para unos pocos privilegiados. De esta forma, aunque cambie el
color de los gobernantes en Andalucía, la administración seguirá siendo
manejada por los socialistas y sus agradecidos enchufados.
Ahora pensarás que esto ha ocurrido siempre. Pues sí. Pero antes se ha hecho
aprovechando los vacíos que dejaba la ley. Ahora es la ley la que permite que
esto se pueda hacer descaradamente y a gran escala. Y supone aún más: las
tareas que realizan los funcionarios aplicando estrictamente lo que establece
la constitución, la leyes y los reglamentos (porque este es su deber), van a
realizarse por “mandados” que no van a rechistar cuando reciban una orden,
incluso sabiendo que esta no es la correcta. De esta manera, la administración
va a actuar con los ciudadanos con distintas “varas de medir” según sean
“amigos” o no de los dirigentes, estableciendo así la diferenciación entre
ciudadanos de primera y de segunda. Y esto afectará a todos los ámbitos de los
servicios públicos: se está empezando por la administración general, pero ya
se está preparando para continuar con la sanidad, la cultura, el empleo o,
incluso, la educación. Todos los servicios públicos se prestarán por empresas
privadas, denominadas agencias, basándonos en los principios que rigen este
tipo de empresas, no el interés general que buscan satisfacer las
administraciones públicas.
Como ves el tema es bastante serio y los empleados públicos ( funcionarios y
laborales) estamos peleando, no sólo por no perder nuestros derechos, si no
por el interés de TODOS los ciudadanos andaluces.
Y que no busquen los gobernantes andaluces “organizadores interesados” detrás
de nuestras protestas, porque podrás observar que en las movilizaciones,
concentraciones y demás actuaciones que llevamos a cabo, no portamos siglas de
ningún partido político o sindicato; somos los propios trabajadores los
organizadores.
Para que se entere cuanta más gente mejor del “abordaje pirata” que está
llevando el gobierno andaluz con nuestra administración, pasa esta información
a toda la gente que conozcas, para que los políticos no consigan engañar y
manipular a la opinión pública en un tema tan importante como éste.
¡Y seguro que has oído que protestan por la reducción de sus sueldos o algo
similar!. Pues nada más lejos de la realidad.
Te cuento de forma resumida:
Resulta que el gobierno socialista de Griñán ha aprobado una ley por un
procedimiento de urgencia que reestructura la administración andaluza. Esta
ley se debería de haber negociado con los agentes sociales andaluces
(sindicatos y demás) pero esto no se ha hecho. Para su aprobación se excusa
en criterios de eficacia y ahorro en la administración (lo cual es totalmente
falso), pero su origen es otro: “EL MIEDO” que se ha instalado en el
gobierno andaluz ante las encuestas que predicen que perderá las próximas
elecciones locales y autonómicas, y su consecuencia política, que no es otra
que la de encontrarse con cientos (miles) de cargos, alcaldes, concejales,
diputados provinciales, directores, consejeros, asesores, jefes, afiliados
del partido, “amiguitos”, etc. que se verán en la calle sin poder mantener el
nivel de vida que llevan hasta ahora y que tienen gracias a todos los
impuestos que pagamos los ciudadanos. Así que han pensado en transformar la
administración pública andaluza en una empresa privada, una cortijada en la
que pueden mangonear a sus anchas sin pasar los controles administrativos,
económicos y financieros a los que están sometidas todas las administraciones
públicas. De esta forma pueden emplear mediante contratos laborales
indefinidos a todos aquellos que se quedarán fuera en las próximas elecciones
y mantener a los que ya están dentro de las empresas, institutos, organismos
y otros entes públicos que hoy existen y al que han entrado “POR ENCHUFE” o
ser "AMIGOS O FAMILIARES DE...". Así, acceder a un trabajo público va a estar
reservado para unos pocos privilegiados. De esta forma, aunque cambie el
color de los gobernantes en Andalucía, la administración seguirá siendo
manejada por los socialistas y sus agradecidos enchufados.
Ahora pensarás que esto ha ocurrido siempre. Pues sí. Pero antes se ha hecho
aprovechando los vacíos que dejaba la ley. Ahora es la ley la que permite que
esto se pueda hacer descaradamente y a gran escala. Y supone aún más: las
tareas que realizan los funcionarios aplicando estrictamente lo que establece
la constitución, la leyes y los reglamentos (porque este es su deber), van a
realizarse por “mandados” que no van a rechistar cuando reciban una orden,
incluso sabiendo que esta no es la correcta. De esta manera, la administración
va a actuar con los ciudadanos con distintas “varas de medir” según sean
“amigos” o no de los dirigentes, estableciendo así la diferenciación entre
ciudadanos de primera y de segunda. Y esto afectará a todos los ámbitos de los
servicios públicos: se está empezando por la administración general, pero ya
se está preparando para continuar con la sanidad, la cultura, el empleo o,
incluso, la educación. Todos los servicios públicos se prestarán por empresas
privadas, denominadas agencias, basándonos en los principios que rigen este
tipo de empresas, no el interés general que buscan satisfacer las
administraciones públicas.
Como ves el tema es bastante serio y los empleados públicos ( funcionarios y
laborales) estamos peleando, no sólo por no perder nuestros derechos, si no
por el interés de TODOS los ciudadanos andaluces.
Y que no busquen los gobernantes andaluces “organizadores interesados” detrás
de nuestras protestas, porque podrás observar que en las movilizaciones,
concentraciones y demás actuaciones que llevamos a cabo, no portamos siglas de
ningún partido político o sindicato; somos los propios trabajadores los
organizadores.
Para que se entere cuanta más gente mejor del “abordaje pirata” que está
llevando el gobierno andaluz con nuestra administración, pasa esta información
a toda la gente que conozcas, para que los políticos no consigan engañar y
manipular a la opinión pública en un tema tan importante como éste.
Un trabajador público andaluz muy indignado.
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